En junio de 2024, los veinte clubes de la Premier League se sentaron a votar si mataban el VAR. El Wolverhampton había presentado la moción con todas las letras, cansado de esperas eternas y de decisiones milimétricas que llegaban tres minutos tarde. El resultado fue 19 a 1. Diecinueve clubes decidieron que quitar el videoarbitraje sería un suicidio competitivo, quedarse fuera del club de las ligas serias. Un solo voto para abolirlo. Y ahí, en esa asimetría absurda, está el negocio.
Porque nadie vota mantener algo que odia salvo que le salga más caro renunciar a ello. El VAR dejó de ser una herramienta de justicia hace tiempo. Es un mercado B2B con licitaciones millonarias, litigios antitrust y un puñado de multinacionales repartiéndose contratos que ningún organizador puede negociar en igualdad de condiciones. La equidad deportiva es el envoltorio. Debajo hay un oligopolio tecnológico que factura por partido, por temporada y por cada dato que se le cuela por las cámaras del estadio.
El dinero no lo ganan los árbitros ni las federaciones. Lo ganan Hawk-Eye, Mediapro, Genius Sports y compañía, que venden algo mucho más rentable que un software de líneas. Venden dependencia.
La barrera de entrada la levantó la propia FIFA con su Programa de Calidad y el protocolo de aprobación de innovación. Para operar un VAR homologado hay que certificar sincronización multiángulo, latencia de transmisión, resolución y fidelidad de las líneas virtuales de fuera de juego. Traducido, solo unas pocas empresas del planeta pueden presentarse a un concurso. El resto queda fuera antes de empezar. Es la jugada clásica de cualquier industria regulada, donde el que fija el estándar técnico decide quién juega y quién mira desde la grada.
Hawk-Eye, propiedad de Sony, es el nombre que sale en todas las fotos importantes. Mundiales de la FIFA, Champions de la UEFA, Serie A, tramos de LaLiga y Premier. Su modelo es el contrato multianual llave en mano por competición, más el licenciamiento para el broadcast. No venden una licencia, venden el sistema entero con su gente dentro. Mediapro juega otra baza, la del paquete convergente, donde el VAR viaja pegado a la producción de la señal de televisión y a las unidades móviles. Con eso se quedó LaLiga para el ciclo que arranca en 2024, CONMEBOL con la Libertadores y la Sudamericana, y hasta catorce ligas repartidas por medio mundo. Genius Sports, en cambio, entra por la puerta del dato de apuestas. Su tecnología de fuera de juego semiautomático en la Premier, Brasil y Bélgica no es el fin, es la excusa para firmar acuerdos de datos a largo plazo que valen mucho más que la tarifa del SAOT.
Ahí está la mecánica fina del negocio. El contrato del VAR es la puerta, no la habitación. Una vez tienes treinta cámaras y el cableado metido en el estadio, esa infraestructura sirve para vender seguimiento de jugadores, recreaciones 3D, datos en tiempo real y todo lo que un ecosistema de apuestas y de contenidos esté dispuesto a pagar. El arbitraje financia la instalación. El resto es margen.
Los números de lo que cuesta esto son elocuentes. En España, la temporada inaugural 2018-19 se saldó con unos 2,5 millones de euros por categoría, dos en tecnología y medio millón en estructura arbitral, todo centralizado en Las Rozas. Con la Segunda incorporada y la llegada del fuera de juego semiautomático, la factura anual de LaLiga se movió, según los datos de implantación, entre cinco y siete millones de euros. En Inglaterra, la Premier arrancó en 2019-20 con unos 2,7 millones de libras de coste operativo directo y unas 20.000 libras por partido repartidas entre los clubes que juegan.
Italia se lo tomó como una cuestión de estado. La Serie A inauguró con Hawk-Eye un centro VOR en Lissone, cerca de Milán, con doce salas operativas capaces de albergar a más de sesenta técnicos por jornada, cuarenta empleados a tiempo completo y más de ciento sesenta profesionales independientes. Eso ya no es arbitraje, es una planta industrial. Escocia, más humilde, se dejó unos dos millones de libras anuales repartidos entre los clubes según posición en la tabla, que es una forma elegante de decir que el que va último también paga la fiesta.
Que el mercado es un botín serio lo demostró el pleito español mejor que cualquier informe. La RFEF le quitó el VAR a Mediapro y se lo dio a Hawk-Eye alegando más experiencia internacional. Mediapro impugnó, sostuvo que su oferta ahorraba dinero y que los pliegos estaban escritos a medida de la británica, y llevó el caso a los tribunales. El asunto terminó con una liga partida en dos para el nuevo ciclo, con el VAR por un lado y el fuera de juego semiautomático por otro. Se pelean por esto porque esto da dinero. Nadie litiga años por un servicio que no importa.
Y funciona, hay que reconocerlo. Los estudios de la propia IFAB sobre miles de partidos elevaron la precisión en jugadas decisivas por encima del 98%. La Premier mejoró de forma clara su porcentaje de acierto en su primera temporada, con más de un centenar de decisiones corregidas, una cada pocos partidos. Los tribunales del acierto le dan la razón a la tecnología. El problema es el otro dato, el que apunta a lo que ocurre cuando el árbitro de campo va a la pantalla. Cambia su decisión casi siempre y solo mantiene su criterio en una pequeña minoría de casos. La autoridad ya no está en el césped. Está en la sala VOR, y la sala VOR la opera una empresa que factura por estar ahí.
Contra la tesis del negocio redondo hay un argumento honesto, y es el 19 a 1. Los clubes no votaron mantener el VAR por amor a los proveedores, sino porque quitarlo los dejaría vendidos frente al resto de Europa. La precisión sube de verdad, los errores graves bajan, y el riesgo reputacional de una liga sin videoarbitraje sería demoledor. Puede que el gasto esté justificado. Pero justificado no es lo mismo que barato ni que competitivo. Los clubes condicionaron su voto a seis mejoras, entre ellas el semiautomático para acortar esperas que en 2023-24 crecieron más de un 50%, y la megafonía con las explicaciones del árbitro. Aceptaron el peaje porque no había salida. Eso, en cualquier mercado, se llama tener a los clientes cautivos.
La FIFA ya vio la grieta y lanzó el VAR Light y el Football Video Support, este último con modelo de desafío, cuatro a ocho cámaras, un operario local y un ahorro de más del 70% frente al sistema completo. Democratizar el videoarbitraje para la Liga F, la Primera RFEF y las federaciones que no llegan a los dos millones por temporada. La pregunta interesante es quién fabricará esas cámaras baratas y quién certificará que valen. Los mismos de siempre, probablemente, cobrando menos por unidad y mucho más por volumen.
