Tres llamadas telefónicas. Eso le bastó al presidente de los Estados Unidos para cambiar el Código Disciplinario de la FIFA en pleno Mundial. Donald Trump levantó el teléfono, marcó el número de Gianni Infantino y consiguió lo que ni un abogado ni un recurso formal habrían logrado. Que a un delantero de su selección le levantaran una sanción automática que llevaba décadas siendo automática porque sí, porque era la regla.
El jugador se había ido expulsado tras un pisotón sobre el tobillo de un rival que el árbitro vio en el VAR. Roja directa, un partido de suspensión, adiós a los octavos. La aritmética disciplinaria más básica del fútbol. Salvo que la Federación estadounidense montó una operación de cabildeo respaldada desde la Casa Blanca, Trump llamó tres veces a Infantino, tildó al árbitro de "muy sospechoso" en sus redes y habló de "grave injusticia". La Comisión Disciplinaria de la FIFA se sacó de la manga el Artículo 27 de su propio Código y suspendió la aplicación de la sanción, dejando al jugador en periodo de prueba de un año. Un futbolista expulsado que jugó igual.
La corrupción de la FIFA ha cambiado de forma pero no de fondo. Antes eran maletines. Ahora son llamadas de presidentes. El mecanismo se ha sofisticado, se ha vestido de diplomacia y de marketing, pero el resultado es el mismo de siempre. La regla se dobla para quien tiene poder.
Compárese con este episodio la escena de mayo de 2011 en el Hotel Hyatt Regency de Puerto España. El vicepresidente de la Asociación de Fútbol de las Bahamas, Fred Lunn, abrió un sobre de manila y encontró dentro cuatro fajos de billetes nuevos de cien dólares. Cuarenta mil dólares en total. Los delegados de las 25 federaciones del Caribe habían sido convocados a recoger un "obsequio de campaña" de Mohamed bin Hammam, entonces presidente de la Confederación Asiática, que peleaba la presidencia de la FIFA. Lunn hizo fotos del dinero y lo devolvió. En una grabación oculta, Jack Warner admitió ante los delegados que él mismo le había sugerido a Bin Hammam entregar efectivo en vez de recuerdos, porque el dinero servía para más cosas. Poético.
El salto entre aquel sobre y las llamadas de Trump es exactamente la tesis. La corrupción ordinaria, la del billete físico y el maletín, era tosca, rastreable, punible. La de ahora opera a plena luz, con el presidente de una potencia presionando en directo por un jugador y una comisión disciplinaria que obedece amparándose en un artículo de su propio reglamento. Nadie mete la mano en el bolsillo. No hace falta.
Y aun así, lo curioso es que ni siquiera la vieja corrupción, la de los maletines, acabó donde debía. El FIFA Gate de mayo de 2015 fue el mayor terremoto judicial que ha vivido el fútbol. El Departamento de Justicia estadounidense, con el FBI y el IRS detrás, imputó a 14 directivos y ejecutivos de marketing por fraude electrónico, crimen organizado y lavado de dinero.
Aplicaron la Ley RICO, esa que se diseñó para las mafias, argumentando que la FIFA funcionaba a efectos prácticos como una empresa criminal transnacional. El asalto al Hotel Baur au Lac de Zúrich se convirtió en la postal de una limpieza que parecía definitiva.
No lo fue. Diez años después, el balance es un desastre para quien pensó que la extraterritorialidad judicial estadounidense iba a redibujar el fútbol mundial. Jack Warner, acusado en Estados Unidos de recibir diez millones de dólares de funcionarios sudafricanos por su voto a favor de la sede de 2010, más 1,6 millones de Bin Hammam y 450.000 vinculados a Qatar 2022, ganó la partida. Los tribunales de Trinidad y Tobago frenaron su extradición. El propio abogado del Estado, el británico Robert Strang, tuvo que admitir en juicio que la "Autoridad para Proceder" firmada en 2015 estaba viciada y que el certificado de especialidad presentado ante los tribunales era ficticio. Las administraciones anteriores habían engañado a las cortes de apelación y hasta al Consejo Privado de Londres. Warner libre, causa cerrada.
El dinero de aquel soborno sudafricano se sabe adónde fue, con detalle de contable forense. Según el pliego del DOJ, en 2008 el secretario general Jérôme Valcke coordinó la transferencia de diez millones desde la Asociación Sudafricana, presidida por Danny Jordaan, a cuentas de Warner en la CONCACAF. Se justificó como apoyo al desarrollo del fútbol para la diáspora africana en el Caribe. Warner destinó 1,6 millones a pagar préstamos y tarjetas personales, movió 360.000 en efectivo a su entorno y metió 4,86 millones directamente en las cuentas de una cadena de supermercados trinitense, JTA Supermarkets. El voto de un Mundial, convertido en góndolas de supermercado. Y nadie lo pagó en la cárcel.
La lista de escapes es larga. Sepp Blatter y Michel Platini, imputados en Suiza por aquel pago de dos millones de francos suizos de 2011, fueron absueltos en Bellinzona en 2022 y de nuevo en Muttenz en marzo de 2025, cuando la Cámara de Apelaciones aplicó el in dubio pro reo al no probarse dolo ni daño patrimonial. En agosto de 2025 la fiscalía suiza renunció a recurrir. Diez años de proceso penal terminados en nada penal, aunque las inhabilitaciones éticas siguieran vigentes. Bin Hammam vio anulada su sanción de por vida por el TAS en julio de 2012, con el propio tribunal aclarando que era un "caso no probado" y no una declaración de inocencia, y advirtiendo que lo más probable era que el qatarí hubiera sido la fuente del dinero. Marco Polo Del Nero evitó la extradición quedándose en Brasil, que no entrega a sus nacionales. Nasser Al-Khelaifi, imputado en el caso Valcke, fue absuelto porque los tribunales suizos concluyeron que la FIFA no había sufrido perjuicio real, ya que las condiciones pactadas con beIN Media Group le resultaban favorables. Casi le hicieron un favor.
Solo unos pocos pagaron de verdad. Valcke se llevó once meses de prisión condicional en 2022 por falsificación de documentos y corrupción pasiva, sentencia luego firme. Canover Watson, extesorero de la federación caimanesa, siete años de cárcel efectiva por el caso CarePay. Chuck Blazer, el hombre que grabó reuniones con un micrófono escondido en un llavero durante los Juegos de Londres 2012, se declaró culpable de diez cargos y murió en 2017. Jeffrey Webb, declarado culpable en 2015 y comprometido a devolver 6,7 millones, ha pospuesto su sentencia más de quince veces a cambio de cooperar, en un arresto domiciliario tan laxo en Atlanta que le dejaban salir de ocho a cinco para cuidar a su hijo. La justicia como estado de excepción indefinido.
Toca la objeción honesta. Nada de lo que denunciaron las selecciones que se sintieron perjudicadas está probado. Que un equipo pierda tras ir ganando no demuestra que el árbitro ni el VAR trabajaran para mantener a una estrella en el torneo por razones comerciales. Un agarrón no revisado antes de un gol en el descuento, o un gol anulado, caben perfectamente dentro del margen de error humano de cualquier arbitraje. Igual que las anomalías de Byron Moreno con Italia o de Gamal Al-Ghandour con España en Corea-Japón 2002 nunca se demostraron como conspiración en un tribunal, pese a las sospechas. La percepción de amaño no es amaño. Y quien lleva décadas viendo fantasmas en cada penalti no anulado no es el mejor testigo.
Pero el caso de la sanción levantada por teléfono no necesita interpretación. Ahí no hay sospecha, hay expediente. La diferencia entre 1978, cuando Videla mandó 35.000 toneladas de trigo y 50 millones en créditos a Perú alrededor del 6-0 de Rosario sin que la FIFA abriera jamás un expediente, y hoy, es que ahora el favor se hace por teléfono y queda registrado. La FIFA ya no necesita esconder el maletín. Le basta con contestar la llamada.
