Bert Patenaude anotó un doblete mundialista con Estados Unidos en Uruguay 1930. Casi un siglo después, en el verano de 2026, Folarin Balogun repitió la hazaña contra Paraguay en el debut del Mundial que organizaba su país. Cuatro-uno. El chico del Arsenal se echó la selección anfitriona al hombro y la llevó como líder del Grupo D. Todo perfecto hasta que, en dieciseisavos contra Bosnia, pisó el tobillo de Tarik Muharemović y el VAR convirtió una entrada dividida en roja directa. Suspensión automática para el partido contra Bélgica. Reglas del Código Disciplinario y del reglamento del torneo que llevaban décadas sin discutirse.
Entonces sonó el teléfono en el despacho de Gianni Infantino. Tres veces. Al otro lado, Donald Trump, presidente del país coanfitrión, calificando la expulsión de horrible y al árbitro Raphael Claus de sospechoso. Días después, un comunicado escueto en la web de la FIFA congeló la sanción de Balogun con un año de prueba, amparándose en el Código Disciplinario. La regla que sanciona una roja directa se reescribió a mitad de eliminatoria por un jefe de Estado con teléfono. Ahí está el fútbol de 2026, y no se parece al de Mussolini aunque persiga lo mismo.
La tesis que sostiene todo esto es sencilla y molesta. La FIFA no ha dejado de ser un instrumento político, ha cambiado de dueño y de método. Donde antes había milicias, estadios convertidos en campos de concentración y árbitros amenazados, ahora hay lobby telefónico, desvío de datos privados y medallas inventadas para complacer a la Casa Blanca. Más limpio en la superficie. Igual de sucio en el fondo.
Lo que hace singular el caso Balogun no es la presión presidencial, que es vieja como el propio torneo. Es el mecanismo. Según la prensa británica, la congelación de la sanción la ejecutó de forma unipersonal el presidente del Comité Disciplinario, saltándose la consulta a los otros miembros del órgano y violando de facto el quórum exigido para dictar un fallo vinculante. Un hombre, solo, rehaciendo el reglamento en pleno Mundial. Era la primera vez desde el Mundial de Chile de 1962 que un jugador con roja directa no cumplía suspensión en el partido siguiente. Infantino se defendió invocando la independencia judicial del organismo, precisamente lo que el caso demostraba que no existía.
La UEFA acusó a la FIFA de cruzar una línea roja y de romper la certeza de las reglas. Gary Neville lo llamó ridículo. Klopp cargó sin filtros. Y Bélgica, contra quien Balogun iba a poder jugar, recurrió y se estrelló contra un muro procesal cuando el Comité de Apelaciones declaró inadmisible el recurso por no ser la federación belga parte formal del procedimiento. Después vino la venganza deportiva. Los belgas ganaron 4-1 en Seattle, Lukaku imitó los pasos de baile de Trump en la celebración y la Real Asociación Belga publicó un Overturn this que valía más que cualquier comunicado. El propio Balogun admitió en la CBS que el circo le metió una presión insoportable en el vestuario antes del partido. Titular, discreto, eliminado. Multado por invadir el campo a celebrar en Bosnia, según la propia FIFA. Salió caro ser el favorito del presidente.
El expediente disciplinario es la punta. Debajo hay un patrón que FairSquare llevó ante la Comisión de Ética del COI en julio de 2026. Infantino es miembro del COI desde 2020 y por tanto obligado a la neutralidad política de la Carta Olímpica. La denuncia enumera favores. A finales de 2025 la FIFA creó de la nada un premio de la paz y se lo entregó a Trump en Washington, un día después de que el presidente auspiciara la firma de un tratado entre Congo y Ruanda, sin que el Consejo de la FIFA hubiera aprobado el galardón. Infantino prometió allí que Trump tendría siempre el apoyo de toda la comunidad del fútbol. Añádase el respaldo público de Infantino a la nominación de Trump al Nobel de la Paz en el otoño de 2025, los mensajes de apoyo tras la toma de posesión de enero de 2025, y aquella sesión del Congreso de la FIFA de mayo de 2025 a la que llegó tarde por andar de gira con Trump por Oriente Medio, con los delegados de la UEFA abandonando la sala en protesta.
Lo más revelador del método nuevo está en los datos. La denuncia describe cómo un sitio oficial de aficionados al Mundial 2026, promovido por el Gobierno, habría transferido los correos y teléfonos de quienes reservaron acceso a eventos en el National Mall hacia una firma de datos vinculada a la campaña de Trump. El estadio ya no es un campo de detención. Es una base de datos electoral. El aficionado deja de ser rehén y pasa a ser materia prima.
Y aquí aparece el doble rasero, que es lo que convierte la anomalía en sistema. La FIFA presume de un principio de no interferencia de terceros consagrado en sus estatutos. Con ese principio suspendió a la Federación de Kenia en febrero de 2022 porque su ministerio auditó sospechas de malversación de fondos públicos. Suspendió a Zimbabue el mismo mes tras denuncias de acoso sexual a árbitras y fraude. Suspendió a la India en agosto de 2022 porque su Tribunal Supremo removió a un presidente por irregularidades. A Pakistán en 2017 por una intervención judicial de las cuentas. A Nigeria en 2014, con plazo de menos de diez días para revocar un fallo civil bajo amenaza de exclusión. Un juez local que quiere fiscalizar cuentas robadas provoca la expulsión internacional del fútbol de un país entero. Tres llamadas del presidente de la superpotencia anfitriona para descongelar una roja no merecieron ni una advertencia. La norma castiga la corrupción de los débiles y absuelve la presión de los fuertes.
El linaje histórico da vértigo por lo que cambia y por lo que no. Mussolini gastó millones de liras en estadios fascistas para los Mundiales de los años treinta, reclutó a oriundi como Luis Monti bajo amenaza de muerte y eligió personalmente a los árbitros. Franco retiró a España de la Eurocopa de 1960 antes que ver la bandera soviética en el Bernabéu. Pinochet dejó jugar a Chile solo contra una portería vacía en 1973 mientras miles de presos políticos languidecían bajo las tribunas del mismo estadio que la FIFA inspeccionó y declaró en condiciones normales. El jeque Fahad Al-Sabah bajó al césped en 1982 para anular un gol legal de Francia bajo amenaza de retirar a Kuwait, y el árbitro soviético Stupar cambió su veredicto. La coacción era física, visible, brutal.
La objeción honesta existe y hay que sostenerla. Balogun no ganó nada. Su equipo cayó 4-1 y él jugó mal. La injerencia no compró resultados, solo un permiso simbólico que terminó en ridículo. Comparar un teléfono con un campo de concentración parece indecente, y lo es en la escala del horror. Pero la comparación no mide crueldad, mide dependencia institucional. La FIFA de 1973 mentía sobre unas condiciones normales para complacer a una junta militar. La FIFA de 2026 reescribió una regla para complacer a un presidente. Distinta violencia, misma servidumbre.
El fútbol también ha sido lo contrario. Drogba de rodillas ante las cámaras en 2005 forzando un alto el fuego en Costa de Marfil. Los jugadores iraníes negándose a cantar el himno en Qatar 2022. Mbappé llamando a votar contra la extrema derecha en 2024. Cuando el gesto sale de abajo, la UEFA lo llama ruptura del protocolo de neutralidad. Cuando la presión viene de arriba y trae mercado, la FIFA lo llama diplomacia. La neutralidad nunca fue una regla. Fue un interruptor que solo se enciende hacia quien no puede pagar la factura.
